Golpe consumado: Sánchez deroga la sedición, rebaja la malversación y asalta el Poder Judicial

Pedro Sánchez ha consumado su golpe al Estado de Derecho para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa. De la mano de separatistas y proetarras -con 184 votos a favor frente a 64 en contra y una abstención- el presidente socialista, que no ha estado presente en el Congreso, ha sacado adelante este jueves una insólita reforma del Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición y se rebaja hasta el mínimo la malversación. Además, ha aprovechado para imponer un vuelco en el Tribunal Constitucional (TC), forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría progresista en el máximo garante de la Carta Magna.

La votación en el Congreso se ha producido tras varias horas de vértigo, con la vista puesta en el pleno convocado en el Constitucional para decidir sobre la admisión del recurso del Partido Popular contra las enmiendas introducidas por el Gobierno, por la puerta de atrás, para perpetrar su asalto al Poder Judicial. Este pleno ha sido aplazado finalmente al lunes, lo que ha permitido que la votación en el Congreso se desarrollase en los términos previstos.

El PP no vota

Ante esta circunstancia, PP, Vox y Ciudadanos han solicitado a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, la suspensión del pleno, a lo que ésta se ha negado. En respuesta, los diputados de Vox y Ciudadanos han abandonado el hemiciclo, mientras el PP ha optado por no votar.

«Durante estos días hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar de valentía y me pregunto, ¿dónde está hoy Pedro Sánchez? Eso se llama cobardía», ha reprochado durante el debate Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

La portavoz del PP ha acusado además a Sánchez de «romper la igualdad de los españoles ante la ley» y ha incidido además en que las reformas no figuran en el programa electoral del PSOE, lo que supone «un fraude a sus propios electores».

El PSOE, desatado, ha vertido duras acusaciones contra los populares, vinculándolos con el golpe de Estado del 23-F. «Hace 41 años la derecha ya quiso parar un Pleno y la democracia con tricornios y ahora lo intenta de nuevo con togas», ha afirmado Felipe Sicilia, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

Maniobra

Sánchez ha maniobrado en el Congreso para tener lista la reforma cuanto antes. Así, ha aprovechado la tramitación de la proposición de ley por la que se suprime el delito de sedición para introducir, vía enmienda, la rebaja de la malversación y el cambio en la elección de magistrados para el Constitucional.

Esta treta le ha permitido una tramitación exprés, con el fin de que los cambios puedan entrar en vigor ya a finales de año, y prescindir de los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado.

En su recurso ante el Constitucional, registrado este miércoles, el PP denuncia que Sánchez ha hecho «un uso fraudulento de los trámites parlamentarios» por la «falta de conexión» de las enmiendas con la proposición de ley, para dar vía libre a unas modificaciones que son «inconstitucionales de forma manifiesta».

Cesiones

La reforma del Ejecutivo es una nueva cesión de Sánchez a los líderes condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, a cambio de asegurarse la supervivencia en el poder. La iniciativa afecta de lleno a los delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y otros dirigentes separatistas, que verán revisada su inhabilitación, puesto que el socialista ya indultó en su día sus penas de prisión. En el caso concreto de Junqueras, la condena que le impuso el Tribunal Supremo fue de 13 años de cárcel y otros 13 de inhabilitación, por lo que la rebaja de la malversación le acerca a concurrir como candidato en unas próximas elecciones.

La reforma tiene varias derivadas. Se rebaja la malversación, creando un nuevo tipo para castigar con entre 1 y 4 años de cárcel y entre 2 y 6 años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño -como sostiene el separatismo que ocurre en el caso de los dirigentes condenados por el procés- la única pena sería la inhabilitación de entre 1 y 3 años y una multa de 3 a 12 meses.

Por otro lado, se suprime por completo el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas, y se crea un nuevo delito de «desórdenes públicos agravados», castigado con un máximo de cinco años de cárcel, frente a los 15 de la anterior sedición. Existen serias dudas jurídicas de que los hechos del 1-O puedan tener encaje legal en este nuevo tipo.

Con todo, las cesiones de Sánchez no agotan la ambición de ERC, que reclama ya la celebración de un referéndum. El Gobierno lo niega en público, pero prepara una reforma del Estatut que incluya lo que los de Junqueras han renombrado como acuerdo de claridad, un marco legal para introducir la posibilidad de realizar consultas vinculantes.

En tercer lugar, Sánchez perpetra un asalto inédito al Poder Judicial, también vía enmienda. PSOE y Podemos fuerzan la sustitución de la mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.